13 de octubre de 2009

Marco Regulatorio de Políticas Públicas para el Cambio Climático

Artículo 1º.- Objeto. Ámbito de Aplicación


La presente ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio para el desarrollo de políticas públicas de adaptación al cambio climático y mitigación de las causas que lo producen y sus efectos adversos.

Sus disposiciones rigen en todo el territorio de la Nación, respetando las particularidades provinciales y locales.


Artículo 2º.- Responsabilidades. Acciones


El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son responsables, en forma concurrente, del diseño, implementación y financiamiento de las siguientes acciones:

a) Promover investigaciones tendientes a la generación de escenarios climáticos para las distintas regiones del país.

b) Fortalecer los sistemas de alerta temprana de fenómenos meteorológicos e hidrológicos extremos.

c) Evaluar la vulnerabilidad de los sistemas naturales y de los diferentes sectores socioeconómicos, frente a las consecuencias del cambio climático.

d) Planificar un ordenamiento territorial que contemple el uso del suelo de manera ambientalmente sustentable.

e) Desarrollar métodos y herramientas para la adaptación al cambio climático con miras a prevenir los daños ambientales, económicos y sociales que pudiera provocar el mismo y potenciar sus aspectos favorables.

f) Implementar un programa integrado de manejo costero destinado a preservar los ecosistemas y proteger los centros poblados ubicados en las áreas más vulnerables.

g) Impulsar la adecuación y concreción de obras de infraestructura destinadas a reducir los efectos de las inundaciones.

h) Desarrollar actividades de forestación y proteger los bosques nativos en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.331.

i) Otorgar incentivos fiscales y crediticios a productores y consumidores para la inversión en tecnologías, procesos y productos de baja generación de gases de efecto invernadero (GEI).

j) Propiciar la implementación de planes de eficiencia energética por parte de los distintos sectores productivos.

k) Impulsar el desarrollo y la utilización de fuentes de energía limpias y alternativas a los combustibles fósiles.

l) Promover inversiones en el fortalecimiento de los sistemas de transporte público de pasajeros y la utilización de medios menos contaminantes.

m) Instrumentar mecanismos de evaluación ambiental estratégica (EAE), con carácter previo a la implementación de programas y planes de desarrollo económico.

n) Fomentar el uso de indicadores de sostenibilidad.

o) Promover la minimización y el reciclado de residuos.

p) Realizar campañas de concientización pública sobre el cambio climático.

q) Establecer convenios de cooperación regional e internacional en la materia.


Artículo 3º.- Mesa Federal


Constituyase la Mesa Federal de Cambio Climático presidida por el/la titular de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación e integrada por las máximas autoridades ambientales de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


Artículo 4º.- Plan Nacional


En el seno de la Mesa Federal de Cambio Climático, se elabora anualmente un plan nacional a través del cual se coordinan las acciones previstas en el artículo 2º, se determinan las referencias iniciales, se dispone un cronograma temporal de ejecución, se definen las metas a alcanzar y se evalúa su cumplimiento.


Artículo 5º.- Compromiso Presupuestario


En el marco del plan nacional se establece el porcentaje de recursos que las jurisdicciones se comprometen a destinar, en cada ejercicio presupuestario, al desarrollo de las acciones contenidas en el mismo.


Artículo 6º.- Conferencia Permanente


Créase la Conferencia Permanente sobre Cambio Climático, como ámbito público no estatal de consulta, debate, formulación de propuestas y seguimiento de la presente ley.


Artículo 7º.- Convocatoria. Participación


La Mesa Federal convoca a participar de la Conferencia Permanente sobre Cambio Climático a expertos en la materia, representantes de las Universidades Nacionales, las organizaciones ambientalistas, las organizaciones sindicales y empresariales de los distintos sectores productivos, las organizaciones de usuarios y consumidores, las asociaciones profesionales y otras entidades no gubernamentales vinculadas a la temática.


Artículo 8º.- Comuníquese, etc.


FUNDAMENTOS


Señor presidente:


El calentamiento atmosférico es una problemática compleja de alcances mundiales, estrechamente vinculada a temas cruciales como la lucha contra la pobreza, la superación de las desigualdades existentes entre las distintas regiones del planeta, el desarrollo socioeconómico, el uso de la tierra, la provisión de alimentos y, entre otros, el crecimiento demográfico.


En aras a generar una conciencia pública de carácter internacional, en relación a la urgencia de adoptar medidas tendientes a mitigar las causas y los efectos adversos del calentamiento atmosférico, el 9 de mayo de 1992, fue adoptada la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que entró en vigor el 21 de marzo de 1994 y a la que adhirieron la mayor parte de los países.


Dicha Convención quedó complementada, el 11 de diciembre de 1997, con el Protocolo de Kyoto que se planteó como objetivo la reducción de un 5,2% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales, tomando como base los niveles de 1990, para el período 2008-2012.


Ese acuerdo entró en vigor, el 16 de febrero de 2005, después de su ratificación por parte de un conjunto de países que suman más del 55% de las emisiones. Sin embargo, la no adhesión de los Estados Unidos y otros países fuertemente industrializados, ha limitado las posibilidades de éxito de su implementación.


No obstante, en estos años mucho han avanzado los debates y las investigaciones sobre este tema y es así como, en el año 2007, los máximos expertos en clima de todas las naciones del mundo produjeron el Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) - organismo creado por la Organización Meteorológica Mundial y por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.


Cuando hablamos de cambio climático estamos haciendo referencia a la variación significativa y persistente del clima durante un período largo de tiempo, susceptible de producir impactos en el medio físico, económico y social.


Las principales causas de tales variaciones son: la quema de combustibles, la producción de cemento, la deforestación, la agricultura, la ganadería, los residuos, las actividades industriales que usan refrigerantes líquidos y eléctricos, aerosoles y espumas plásticas. Estas son todas actividades que generan cambios en la composición de la atmósfera a partir de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).


Desde esta perspectiva, el Cuarto Informe del IPCC - que mencionáramos párrafos atrás - no es uno más, en tanto el mismo constituye la primera oportunidad en la que se confirma que el calentamiento del sistema climático es un hecho y que la acción antropogénica influyó en el mismo.


En ese sentido, consideramos provechoso incluir en estos fundamentos las principales conclusiones a las que, por consenso, arribaron los expertos integrantes del Panel, divididos en tres Grupos de Trabajo, a través de los cuales se abocaron a analizar los múltiples aspectos del cambio climático.


El primer Grupo (GT1), reunido en París hacia febrero de 2007, reveló que el calentamiento del sistema climático es inequívoco, tal y como los evidencian las observaciones de los incrementos en las temperaturas medias del aire y los océanos, el derretimiento generalizado de hielo y nieve, y el aumento medio global del nivel del mar.


De la misma manera, destacó que las concentraciones globales de gases de efecto invernadero en la atmósfera han aumentado marcadamente desde 1750, como resultado de las actividades humanas, en particular, el incremento en la concentración de dióxido de carbono se debe fundamentalmente a los combustibles fósiles así como a los usos y cambios de usos del suelo, mientras que el aumento del metano y del óxido nitroso se debe principalmente a la agricultura.


Por su parte, el segundo Grupo (GT2), reunido en Bruselas hacia abril de 2007, evaluó la vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos y naturales ante el cambio climático, las consecuencias negativas y positivas de dicho cambio, y las posibilidades de adaptación al mismo.


En su trabajo se pone de manifiesto, a partir de la observación de todos los continentes y de la mayoría de los océanos, que muchos sistemas naturales están siendo afectados por cambios climáticos regionales, particularmente por el aumento de la temperatura. Debido al aumento del nivel del mar, los sistemas costeros y las áreas bajas estarán expuestos a una erosión creciente, y muchos millones de personas sufrirán el efecto de esas inundaciones hacia el año 2080.


Particularmente para Latinoamérica, este Grupo anticipó con un "alto nivel de confianza", que para mediados de esta centuria habrá una pérdida significativa de biodiversidad, como consecuencia del reemplazo gradual de las selvas tropicales por sabanas, y de las áreas semiáridas por zonas áridas. El aumento del nivel del mar provocará inundaciones en las zonas costeras bajas, y disminución de la disponibilidad de agua potable.


Asimismo, el GT2 pronosticó como "virtualmente cierto" que, para mediados de este siglo, aumentará significativamente la frecuencia de eventos climáticos extremos, lo que acarreará graves consecuencias para la agricultura, la disponibilidad de recursos hídricos y energía, la calidad del aire de las ciudades, el transporte, el comercio, la salud y el hábitat humanos.


Finalmente, en Bangkok hacia mayo de 2007, el tercer Grupo de Trabajo (GT3) consideró que las emisiones de GEI han aumentado desde los tiempos preindustriales, con un incremento del 70% entre 1979 y 2004 y que, con las actuales políticas de mitigación del cambio climático y las prácticas de desarrollo sustentable relacionadas, las emisiones globales de GEI seguirán creciendo durante las próximas décadas.


En ese punto y en cuanto a las posibilidades de mitigación en el corto y mediano plazo (antes del año 2030), el Grupo señaló que hay un potencial económico sustancial para lograr la reducción de las emisiones globales de GEI durante las próximas décadas, neutralizando el crecimiento proyectado de esas emisiones o, incluso, llevándolas por debajo de los niveles actuales.


En igual sentido, señaló que todas las metodologías de estudio indican que la reducción en la polución del aire (resultado de la disminución de las emisiones de GEI) puede resultar, en el corto plazo, en beneficios para la salud tan significativos como para compensar una fracción sustancial de los costos de esa mitigación.


También, planteó que la inversión en nueva infraestructura energética en los países en desarrollo, la modernización de la actual infraestructura energética en los países industrializados, así como la implementación de políticas que promuevan la seguridad en la disponibilidad de energía (creación de fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles) pueden lograr la reducción de emisiones de GEI. Los beneficios adicionales de ello incluyen la supresión de la polución del aire, la mejora en las balanzas comerciales, la provisión de servicios modernos de energía para las áreas rurales y el empleo.


Los expertos llamaron la atención sobre la importancia del rol de los gobiernos en la aplicación de políticas de mitigación tales como la fijación de un precio real o implícito al carbono, la creación de incentivos para productores y consumidores a efectos de fomentar inversiones en productos y procesos de baja producción de GEI, y el apoyo al desarrollo de tecnología e innovación efectiva, a través de contribuciones financieras, créditos impositivos y creación de mercados.


Nuestro país no es una excepción al escenario mundial descripto en el Informe mencionado. Así lo evidencian los trabajos de investigación desarrollados por el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) del Consejo Nacional de Investigaciones Ciencia y Tecnología (CONICET) que, a partir de las proyecciones para América del Sur de distintos modelos globales de clima, indican que la Argentina será cada vez más cálida en el período 2020-2040.


Conforme estas proyecciones, el aumento de la temperatura será, en promedio, de un grado para todo el país. Se elevarán las temperaturas máximas pero más aún lo harán las mínimas. El norte tendrá las mayores expectativas de calor, con una posible suba de 1,8º C en la temperatura media anual, mientras que para la Patagonia habría un incremento de 0,6º C y para la Región Central uno de 0,4º C.


De la misma manera, se ha observado un aumento de la frecuencia de fenómenos extremos y de su intensidad. Las olas de calor son cada vez más fuertes y los episodios de lluvias torrenciales se han vuelto más asiduos, generando un aumento de la vulnerabilidad social y de la infraestructura.


La frecuencia de eventos de precipitación que exceden los 100 mm en el centro y este de Argentina se ha triplicado durante los últimos cuarenta años. Se registraron casos en los que en cuarenta y ocho horas puede llover hasta el diez por ciento del promedio de precipitaciones esperado para todo el año. En el centro y norte del país, cayeron entre 1956 y 1991, entre un 10 y un 40 por ciento más de lluvias. En este período, la pampa húmeda registró un incremento de 200 mm y lo mismo ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires.


En los valles del Paraná, Uruguay y Paraguay, las inundaciones se han vuelto más frecuentes desde 1975. Doce de las dieciséis mayores descargas mensuales del Paraná a la altura de Corrientes se registraron en los últimos veinticinco años. En tanto, en el caso del Uruguay, ninguno de los mayores picos de crecida, desde 1950, tuvo lugar antes de 1970.


Según datos del Banco Mundial del año 2001, la Argentina se encuentra entre los catorces países más afectados por las inundaciones, con pérdidas estimadas en más de 1.1 % de su Producto Bruto Interno (PBI). Los efectos del cambio climático afectarán particularmente el estuario del Río de la Plata y la costa de la Provincia de Buenos Aires.


En contraposición, en las regiones de Cuyo y Comahue que son áreas de pocas lluvias, cada vez se registran en menos cantidad. A esto, se suma que como la nieve no llega a formarse en la misma proporción que antes porque las temperaturas son altas en la Cordillera, los ríos alimentados por el deshielo - como el Atuel, el Neuquén, el Colorado y el San Juan - disminuyen su caudal, afectando la disponibilidad presente y futura de agua.


Se registra, también, un retroceso glaciar generalizado en los Andes Patagónicos.

Agravando lo anterior, el proceso de expansión de la frontera agrícola que tuvo lugar en nuestro país se hizo sin ninguna planificación, poniendo en severo riesgo de desaparición a importantes comunidades vegetales, cuyas áreas de distribución coinciden con las mejores tierras agrícolas. Tal es el caso del bosque de tres quebrachos, en el sudoeste de la Provincia del Chaco y Este de Santiago del Estero, y la transición entre el bosque chaqueño y el bosque pedemontano de las Yungas en Salta.


Esta expansión se vio favorecida por el aumento de las lluvias en distintas áreas que convirtieron en aptos para la siembra a terrenos hasta ayer dejados de lado. Sin embargo, en los últimos años se ha manifestado en distintas zonas una marcada reversibilidad climática hacia los valores históricos, que son mucho más secos. En estas condiciones, los planteos puramente agrícolas implican grandes riesgos de pérdida de cosechas y de desertificación, lo que se agrava por la virtual falta de rotación de los campos.

A esta situación climática, se le suma una de carácter socioeconómico. A diferencia de la tradicional estructura agraria de provincias como el Chaco, basada en colonias de pequeños productores, la mayor parte de los actores del actual proceso de expansión de la frontera agropecuaria son grandes o medianos productores. Sumado a esto, la notable sustitución de un cultivo fuertemente demandante de mano de obra como el algodón por la soja, generó una marcada caída del empleo rural, con severas consecuencias en la estructura social.


Otro efecto adverso del cambio climático que afecta directamente la salud de la población, es el referido a la expansión de las áreas de contagio de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, como son la malaria, el dengue y el chagas.


Lo expuesto hasta aquí determina la urgencia de recoger las premisas y recomendaciones formuladas por los distintos Grupos de Trabajo, precedentemente mencionadas, en una ley que sirva de marco normativo a la generación de políticas públicas vinculadas al cambio climático, teniendo en cuenta las características y necesidades propias de las distintas zonas de nuestra geografía.

Ese es el objeto del proyecto cuya aprobación venimos a proponer, poniendo en cabeza del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos, la responsabilidad de desarrollar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.


Cuando hablamos de mitigación nos referimos a las intervenciones humanas que actúan sobre las causas del cambio climático para reducir sus efectos negativos o adversos. La adaptación, por su parte, define al ajuste de los sistemas naturales y humanos frente a entornos nuevos o cambiantes que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos.


Sobre esa base, entendemos necesario enumerar expresamente aquellas acciones cuya ejecución resulta imprescindible para abordar los distintos aspectos que hacen a la problemática del cambio climático en Argentina.


Tal es el caso de la promoción de investigaciones con el objeto de generar escenarios climáticos regionales y, directamente vinculados a ella, el desarrollo y la aplicación de métodos y herramientas para evaluar la vulnerabilidad y las potencialidades de adaptación al cambio climático de los sistemas ecológicos y de los diferentes sectores socioeconómicos de nuestro país.


Directamente relacionado a la jerarquización presupuestaria del Servicio Meteorológico Nacional, se plantea oportuno incorporar acciones destinadas al fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana de fenómenos meteorológicos e hidrológicos extremos, como es el caso de los tornados que se harán cada vez más comunes.


El impacto negativo que tendrá el calentamiento terrestre en la producción agrícola, ganadera y de frutas en sus actuales zonas de cultivo y desarrollo, debe ser paleado a través de la planificación de un nuevo ordenamiento territorial que contemple el uso del suelo de manera ambientalmente sustentable.


En algunos casos, la producción podría beneficiarse si ésta fuese trasladada a regiones donde las proyecciones del cambio climático aseguraran condiciones climáticas más propicias. Así lo demuestran experiencias exitosas de países desarrollados como, por ejemplo, los viñedos en el sur de Inglaterra o el café en Brasil.


No obstante, antes de avanzar en la extensión de las fronteras agrícolas deberían analizarse integralmente las consecuencias ambientales, sociales y económicas, para garantizar que no se produzcan mayores daños que aquellos que se pretenden evitar y superar de esta forma, el esquema de adaptación autónoma que, sostenido en decisiones individuales tomadas en respuesta a los efectos del cambio climático, fue el que primó hasta ahora en nuestro país.


En este punto, no debería autorizarse ningún aumento de superficie para los grandes campos que presenten bajos rendimientos de carne y granos. Tampoco se puede perder de vista que, con sólo aplicar tecnologías simples, se lograría producir más en la misma superficie que hoy se explota.


Se trata, en definitiva, de aplicar los conocimientos que existen para lograr una producción sustentable que afecte lo menos posible al ambiente, y hacerlo de modo responsable, consensuado y programado como instrumento de mitigación de los efectos del cambio climático y adaptación al mismo.


Frente a la situación de riesgo en la que se encuentran muchas zonas costeras de nuestro país, como consecuencia de los cambios del nivel del mar y el aumento de fenómenos erosivos agravados, urge avanzar en la implementación de un programa integrado de manejo costero que incluya, entre otros aspectos, la posibilidad de un retroceso planificado, la modificación de códigos de edificación, la preservación de los ecosistemas en peligro y la protección de los centros poblados.


En igual modo, urge asumir como prioritaria la proyección y el financiamiento de obras de infraestructura - puentes, canales, diques y defensas - tendientes a reducir los efectos que están produciendo las inundaciones.


Con miras a reducir la generación de gases de efecto invernadero (GEI) es de vital importancia propiciar el otorgamiento de incentivos fiscales y crediticios a la inversión en tecnologías no contaminantes así como la implementación de planes de eficiencia energética capaces de producir buenos resultados en el corto plazo y la utilización de fuentes de energía limpias y alternativas a los combustibles fósiles que hoy representan casi el 90% de nuestra estructura energética.


Cabe considerar que la Argentina ocupa como emisor de gases de efecto invernadero (GEI) el 24º lugar a nivel mundial y el 3º en América Latina, con tendencias a aumentar. En cuanto a la participación de los sectores en la producción de tales gases, el 47% corresponde al energético, el 44% a la agricultura y la ganadería, el 5% a los residuos y el 4% al industrial.


Es necesario compatibilizar lo anterior con la protección de los bosques nativos y la concreción de actividades de forestación. Esto tiene que ver con que, si bien la producción de biocombustibles puede ser ventajosa con respecto al nivel de emisiones generadas por los combustibles fósiles, si se producen a partir de campos que estaban originalmente ocupados por bosques que fueron desmontados y quemados, los aspectos favorables se diluyen porque aumentan en forma masiva las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero. No se puede hablar de un impacto positivo en la reducción de emisiones, si antes de comenzar a producir ya se están quemando 50-100 toneladas de madera por hectárea.


Tomadas estas precauciones, hay que destacar que Argentina es uno de los pocos países que puede aumentar significativamente la producción de granos y tener un protagonismo central en biocombustibles. Esta es una inmejorable oportunidad para el país, que debiera ser aprovechada no sólo como emprendimiento económico, sino como ámbito propicio para poder restaurar los pasivos sociales y ambientales.


En la misma dirección, se incorpora la promoción de inversiones destinadas al fortalecimiento de los sistemas de transporte públicos de pasajeros y la utilización de medios menos contaminantes.

Entre las acciones, el proyecto incluye también, nuevos instrumentos de gestión ambiental.


Uno de ellos es la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) como instancia tendiente a la evaluación temprana de las diferentes iniciativas y programas de desarrollo, con el objeto de orientar las decisiones que se tomen a prevenir los efectos ambientales no deseados, promoviendo la articulación interjurisdiccional y la coordinación de políticas sectoriales, sobre la base de los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio.


Otro de los instrumentos previstos, son los Indicadores de Sustentabilidad que señalan los aspectos en los que las relaciones entre la economía, el ambiente y la sociedad son débiles, favoreciendo el reconocimiento de las áreas problemáticas y la determinación de posibles vías de solución.

Por eso es importante, la promoción por parte de los Estados del uso de estos indicadores como instrumentos de medición, control y monitoreo de la situación ambiental en la Argentina.


Cabe mencionar, por ejemplo, el Índice de Bienestar Económico Sostenible (ISEW) que, con el fin de conseguir una imagen más completa del progreso económico, resta del PIB las consecuencias dañinas de la actividad económica y corrige otras desviaciones como el trabajo doméstico no pagado.


Este índice contabiliza la contaminación atmosférica estimando el costo de daño por tonelada de varios elementos contaminadores del aire. También considera el agotamiento de recursos, estimando el costo para sustituir un barril de aceite equivalente por la misma cantidad de energía de una fuente renovable. Además, estima el costo de cambio climático debido a las emisiones de gases de efecto invernadero por una tonelada de estas emisiones y calcula el costo de la disminución del ozono por tonelada de la sustancia que lo elimina. Finalmente, contempla la realización de ajustes para reflejar la desigual distribución de ingresos.


Otra herramienta de este tipo es la Huella Ecológica (HE), que fue reconocida como indicador por la Comunidad Europea. La HE es un indicador ambiental de carácter integrador del impacto que ejerce una cierta comunidad humana - país, región o ciudad - sobre su entorno, considerando tanto los recursos necesarios como los residuos generados para el mantenimiento del modelo de producción y consumo de la comunidad.


Con el objeto de generar un cambio de los patrones culturales contaminantes, el proyecto contempla la promoción de la minimización y el reciclado de residuos así como a la necesidad de difusión y concientización pública de las problemáticas relacionadas al cambio climático.


Finalmente, cierra la enumeración de acciones reconociendo el carácter global de dichas problemáticas, con el establecimiento de convenios de cooperación regional e internacional.


La previsión normativa de todas esas acciones perdería potencialidad si, en la misma ley, no se contemplarán garantías de financiamiento y la creación de un espacio de articulación entre las distintas jurisdicciones.


Ese es el objetivo de la conformación de una Mesa Federal de Cambio Climático integrada por las autoridades ambientales del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuyo seno se elabore un plan nacional en el que se coordinen las acciones de mitigación y adaptación a desarrollar y, al mismo tiempo, se acuerde el porcentaje de recursos que cada jurisdicción deberá destinar a las mismas, en cada ejercicio presupuestario.


Como corolario, se propone la convocatoria a una Conferencia Permanente como ámbito público no estatal de consulta, debate, formulación de propuestas y seguimiento, en el convencimiento que - más allá del rol trascendente de los Estados en materia de cambio climático - el abordaje del mismo requiere también de un soporte científico y técnico adecuado así como de procesos de búsquedas de consenso entre distintos sectores como pueden ser los productores industriales, agrícolas, ganaderos y forestales, los campesinos, las comunidades aborígenes y las organizaciones ambientalistas; sectores que muchas veces defienden intereses claramente contrapuestos.


El mandato constitucional del artículo 41 es claro en cuanto determina que "todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo."


También lo es cuando en forma contundente dispone que "las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural ... y de la diversidad biológica ...", agregando que "corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ..."


Ante la inmediata necesidad de jerarquizar este tema como un punto central de la agenda pública de nuestro país, venimos Señor Presidente, a solicitar el tratamiento y la pronta aprobación del presente proyecto.



PROYECTO DE LEY

Iniciado: Diputados Expediente: 4618-D-2008
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 109 Fecha: 29/08/2008

GIRO A COMISIONES EN DIPUTADOS:
RECURSOS NATURALES Y CONSERVACION DEL AMBIENTE HUMANO
PRESUPUESTO Y HACIENDA